Acuerdos de confidencialidad: delimita qué información se protege

Compartir información con un proveedor, asesor o posible socio puede ser necesario para avanzar en un proyecto. El problema aparece cuando nadie define qué puede utilizarse, con qué finalidad y quién tendrá acceso. Un acuerdo de confidencialidad ayuda a ordenar esa relación, pero no protege por sí solo cualquier dato ni reemplaza los controles internos.

Antes de firmar un formato, conviene identificar la información que realmente necesita protección. Un presupuesto, una base de clientes y un método de fabricación plantean riesgos distintos. La revisión jurídica debe considerar esa diferencia y la relación entre las partes.

No todo dato reservado es un secreto industrial

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial vincula el secreto industrial con información de aplicación industrial o comercial, una ventaja competitiva o económica y medidas para conservar su confidencialidad y acceso restringido. La ley también distingue información pública o generalmente accesible. Fuente: LFPPI, artículo 163.

Por ello, escribir “todo es secreto” no resuelve automáticamente la clasificación. El acuerdo puede establecer obligaciones contractuales, pero sus efectos deben analizarse sin confundirlos con la protección específica de un secreto industrial.

Esta distinción también evita exigir restricciones desproporcionadas sobre conocimientos públicos o experiencia general de una persona.

Describe la información y la finalidad

Identifica categorías concretas: documentación técnica de un proyecto, estrategias comerciales no divulgadas o condiciones de una negociación, por ejemplo. Explica cómo se reconocerán los materiales protegidos y qué sucederá con información compartida en reuniones.

Define para qué puede utilizarse. Evaluar una propuesta no es lo mismo que ejecutar un contrato o incorporar datos a otro producto. Si la finalidad cambia, revisa el acuerdo antes de ampliar el acceso.

La LFPPI contempla cláusulas de confidencialidad en determinados convenios de transmisión de conocimientos y exige precisar los aspectos comprendidos. Esa referencia refuerza la importancia de delimitar, no de utilizar etiquetas vacías. Fuente: LFPPI, artículo 165.

Decide quién necesita acceso

Como práctica operativa, utiliza una lista de personas o funciones autorizadas y limita el acceso a lo necesario. Un contrato firmado pierde utilidad si después se comparte una carpeta mediante un enlace abierto.

Considera colaboradores, subcontratistas y herramientas tecnológicas que intervengan en el proyecto. No presupongas que la autorización para entregar información a una empresa permite cargarla en cualquier servicio externo.

Define un canal para solicitar acceso adicional y conserva registro de las decisiones. El objetivo no es impedir el trabajo, sino saber qué se compartió y por qué.

Acompaña el acuerdo con medidas reales

Organiza permisos, versiones y repositorios. Separa documentación pública de material sensible y evita que una copia sin control se convierta en la única evidencia disponible.

Capacita a quienes participan sobre el uso permitido y el procedimiento ante un envío equivocado o pérdida de acceso. Es preferible una instrucción clara y aplicable que un documento largo que nadie comprende.

Ejemplo: para cotizar una solución, un proveedor podría necesitar especificaciones técnicas, pero no toda la cartera de clientes. Preparar una versión limitada reduce exposición sin impedir la evaluación.

Estas medidas son propuestas de organización; su suficiencia jurídica y técnica depende del contexto.

Prevé excepciones y cierre

Revisa con el asesor cómo tratar información ya conocida legítimamente, desarrollos independientes y requerimientos de autoridad. No redactes el acuerdo como una prohibición absoluta de cumplir la ley ni como una herramienta para ocultar irregularidades.

Al terminar el proyecto, define devolución, eliminación o conservación justificada de materiales. Considera respaldos y obligaciones documentales: prometer que se borrará “todo de inmediato” puede ser técnicamente irreal o incompatible con necesidades legales.

Identifica qué obligaciones continúan y por cuánto tiempo según la información y el acuerdo, sin imponer una duración universal.

No confundas confidencialidad con otros derechos

El acuerdo no sustituye automáticamente avisos de privacidad, autorizaciones para tratar datos personales, licencias de propiedad intelectual o cesiones de derechos. Cada materia necesita su revisión.

Tampoco garantiza que un incidente pueda resolverse sin evidencia. Conserva la versión firmada, los materiales compartidos y los registros relevantes, con acceso controlado.

Una buena revisión comienza con preguntas concretas: qué se entrega, quién puede verlo, para qué y cómo se controla. El documento debe acompañar esa operación real. Orientación general, no modelo contractual listo para cualquier caso. Fuente oficial verificada el 30 de octubre de 2026, hora de Tijuana; LFPPI consultada con última reforma del 3 de abril de 2026.